La Cámara de Diputados analiza un marco de acción si Javier Milei veta el incremento de aumentos para universidades el próximo jueves.
Las universidades esperan una movilización masiva en reclamo de presupuesto para garantizar su funcionamiento y el poder adquisitivo de sus profesores. Javier Milei adelantó el veto a la ley de financiamiento universitario aprobada por ambas cámaras, pero aguarda hasta que pase la marcha federal para reducir el costo político. Diputados de la oposición también se anticipan y buscan conseguir los dos tercios que les permitan ratificar el proyecto que fue aprobado en septiembre.
La especulación con la que cuentan los bloques no oficialistas, desde los considerados dialoguistas hasta los más opositores, es que la influencia territorial que tienen las universidades públicas en sus distritos movilice a los que dudan a acompañar una mejora presupuestaria o, al menos, a ausentarse en la sesión para mejorar las posibilidades de éxito. El antecedente directo fue el veto a jubilaciones, cuando quedaron a 13 votos de alcanzar los dos tercios. Anhelan obtenerlos desde la UCR, bloques federales o incluso del PRO.
“Es muy difícil volver a sus provincias después de no votar en contra del veto. Muchos son profesores universitarios o conocen a los rectores de allí”, argumentan desde el radicalismo, desde donde organizaron -junto a Encuentro Federal y la Coalición Cívica– una conferencia de prensa este martes para acompañar la marcha universitaria del 2 de octubre. A ese encuentro no fueron invitados ni el peronismo ni la izquierda, que también se oponen al veto presidencial. “No queríamos representarnos en los extremos”, dijo para este medio una de las diputadas que habló en la conferencia.
Sin embargo, existieron dos presencias llamativas en la conferencia: la de la senadora Guadalupe Tagliaferri y la del diputado Álvaro González, ambos del bloque del PRO con cercanía a Horacio Rodríguez Larreta, que lanzó su propio sello, MAD. Dentro del partido presidido por Mauricio Macri relativizan la influencia que tendrían ambos parlamentarios al rechazar el veto. “Lo tenemos a Alvarito (NdR: González tiene 65 años) votando distinto, pero nosotros tenemos una posición homogénea que es proteger el equilibrio fiscal y discutir las partidas para universidades en el debate por el Presupuesto”, señaló para Ámbito uno de los legisladores del PRO más jóvenes del recinto.
Conferencia de prensa en Diputados a favor de la marcha universitaria.
En los grupos de Whatsapp de dirigentes del PRO circulan archivos enviados por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, que servirán como columna argumentativa en cada debate sobre financiamiento universitario: el crecimiento de cantidad de ingresantes universitarios no se replica en incremento de egresados; consideran que no existe correspondencia entre cantidad de personal docente y no docente por cada alumno regular; y entienden que es irregular que el promedio de tiempo que tarda un universitario en egresarse es 10,2 años.
Desde el peronismo comparten una mirada con el PRO: entienden que, aunque reviertan el eventual veto, el Gobierno puede seguir postergando las ejecuciones de las partidas presupuestarias dispuestas por la ley universitaria, por lo que el debate central será el de Presupuesto 2025. Allí señalan a los puntos del proyecto que suspenden durante el Ejercicio 2025 las leyes de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional, donde se fijan porcentajes mínimos de inversión educativa sujeta al PBI.
“No existe poner un porcentaje mínimo de inversión, es para la tribuna. Además no se aplica”, dijo para este medio -coincidiendo con la postura oficialista- el miembro de uno de los bloques en donde la mirada está más concentrada, Innovación Federal. Sus nueve votos responden a cuatro gobernadores de provincias que tienen universidades públicas de referencia en la región. “No tenemos posición todavía, aunque sí existe mayor presión que con las jubilaciones«, agregó y aludió a la abstención generalizada que decidieron para enfrentar el anterior veto. Su falta de posicionamiento representa una postura.
Qué dice la ley de Financiamiento Universitario que podría vetar Javier Milei
Tanto el Presidente de la Nación como su portavoz aseguraron que la ley de financiamiento universitario será vetada totalmente. Será oficializado el jueves 3 de octubre, un día después de la marcha universitaria y la fecha límite para que el titular del Ejecutivo lo pueda hacer. La aprobación generaría un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Sandra Pettovello, Carlos Torrendell y Federico Sturzenegger.
El proyecto fue convertido en ley el 13 de septiembre por el Senadoy dispone una recomposición salarial sujeta a la inflación desde diciembre de 2023 hasta el mismo período de este año. Después, se implementaría lo definido por el Presupuesto 2025. En caso de que en los gremios y dirigentes universitarios acuerden una paritaria con el Ejecutivo, la ley estipula no aplicarse. Ese planteo se da en el marco de una sucesión de meses en donde las universidades no logran consensuar un aumento que consideren legítimo. “Las paritarias no vienen siendo negociaciones serias; se les ofrece un porcentaje y no se mueven de ahí”, consideró para este diario una diputada radical.
“Más del 70% de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza”, señaló el Consejo Interuniversitario Nacional, que también reclama por la recomposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que se encontraba vigente desde 1998. La marcha universitaria del 24 de abril marcó el primer hito de sensibilidad colectiva contra el actual Gobierno. Este 2 de octubre, y con el acompañamiento de la CGT, podrá tener mayor masividad. Resta conocer su real impacto.