Senadores de Unión por la Patria advirtieron a Guillermo Francos a través de un escrito firmado por diversos legisladores. Se tensan las negociaciones.
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En medio de las versiones cruzadas sobre un posible acuerdo entre el kirchnerismo y el Gobierno por los nombramientos en la Corte Suprema, el bloque de senadores de Unión por la Patria (UP) advirtió que no apoyará la candidatura de jueces que acepten ser designados por decreto.
Este miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó su informe de gestión ante la Cámara alta y respondió preguntas de las legisladores. En ese marco, se refirió a las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir vacancias en el máximo Tribunal.
Presión del peronismo por la Corte Suprema
Fue en ese marco que el senador José Mayans, titular de la bancada peronista, le entregó un escrito al funcionario, en el que aclara que su bloque no avalará las candidaturas de jueces que acepten ser nombrados a través de un DNU presidencial. En ese mismo texto, que lleva las firmas de los senadores Juliana Di Tullio, María González, Fernando Rejal, Antonio Rodas, y Anabel Fernández Sagasti, entre otros, los celestes advirtieron que sí podrían apoyar eventuales postulaciones siempre y cuando pasen por el Congreso. El aviso llegó en medio de las versiones que apuntan a que el Gobierno podría cubrir las vacantes en la Corte Suprema por decreto.
El escrito que los senadores peronistas le entregaron a Guillermo Francos.
La situación encendió las alarmas en el peronismo, que salió a marcarle la cancha al oficialismo en un tema espinoso tanto para Nación como para sus aliados y para la oposición.
Consultado sobre el tema, durante su presentación, Francos aseguró: «Entendemos el reclamo de la presencia de una jueza mujer en la Corte. Seguramente será un tema que el Presidente va a considerar en caso de que estos pliegos no avancen».
¿Nombramientos por DNU?
Previamente, el jefe de Gabinete había admitido que la Casa Rosada estudiaba nombrar jueces por DNU. “Son todas las alternativas que tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto”, reconoció Francos. “Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado. Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada”, dijo.
No obstante, aclaró: «Cuando estás en minoría todo cuesta mucho más. Ojalá pudiera funcionar. Es una discusión; me imagino los debates sobre estos pliegos, las negociaciones. Ya tendremos más legisladores para tener una posición más fuerte y una decisión más fluida”.
La declaración de los senadores del peronismo es una obviedad, porque aunque un presidente de la Nación efectivamente sí puede designar jueces de la Corte en comisión, estos pueden asumir en dichos cargos solamente durante un año: para ser nombrados y mantenerse como vocales del máximo tribunal de Justicia del país de manera permanente (hasta los 75 años, cuando deben jubilarse) es un requisito necesario el acuerdo de los dos tercios de los senadores presentes en una sesión pública de la Cámara.
La advertencia de los senadores del peronismo, expresada este miércoles en las redes sociales, además, llega días después de que la senadora Lucía Corpacci, vicepresidenta del PJ que conduce desde este mes Cristina Fernández de Kirchner, apoyara con su firma la designación de Lijo. Es decir que el peronismo advierte que no quiere nombramientos por decreto aunque al menos a Lijo ya está apoyándolo estampando sus firmas al dictamen de la comisión de Acuerdos (por ahora, no pasa lo mismo con el otro postulante de Milei, García-Mansilla: en este caso, el respaldo del peronismo está aún en veremos).
Después de meses de hermetismo, estos movimientos podrían confirmar que Cristina Fernández Kirchner avalará el pliego del juez Lijo para integrar la Corte. El más significativo fue el sinceramiento de Corpacci, senadora catamarqueña muy cercana a la expresidenta de la Nación. El argumento de la exgobernadora es que lo apoyará porque “los que pueden venir son peores”.
El comunicado y el antecedente de 2016, que marca una contradicción
“Las senadoras y los senadores abajo firmantes asumimos el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que reza: ‘Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura’”, dice el comunicado de los senadores del peronismo.
La declaración está firmada nada menos que por el jefe del interbloque Unión por la Patria, el formoseño José Mayans (en la foto de Portada) , quien sin embargo en 2016 votó a favor de los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Aquel año ambos eran candidatos a la Corte Suprema de Justicia del entonces presidente Mauricio Macri (PRO), quien inicialmente los había designado en comisión, por decreto. Ni Rosenkrantz ni Rosatti se expresaron en contra de esa forma cuestionada de haber sido designados. Después obtuvieron el acuerdo de los dos tercios del Senado, con el apoyo de los senadores del PJ, como Mayans, quien ahora también podría votar a favor de Lijo por orden del caudillo al que responde, el gobernador de su provincia, Gildo Insfrán.
El senador Francisco Paoltroni, también de Formosa, echado de La Libertad Avanza por rebelde, fue el primero en oponerse a la postulación de Lijo contra la voluntad de Milei: recordó que Lijo, juez de Comodoro Py —es decir integrante de la Justicia Federal— fue quien remitió a la Justicia formoseña la causa sobre la consultora The Old Fund, contratada por el gobierno de Insfrán y que pertenecía a Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou. De esta manera, Lijo salvó a Insfrán de la causa Ciccone, por la cual el ex vicepresidente de CFK terminó preso.
De acuerdo con el comunicado de los senadores peronistas, “como se desprende claramente de la redacción constitucional e interpretación pacífica de la doctrina, el término ‘empleos’ hace referencia al personal militar y diplomático que depende directamente del PEN (Poder Ejecutivo Nacional), pero que requiere acuerdo del Senado de la Nación. El mecanismo de designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto cabeza del Poder Judicial, independiente de los otros dos poderes consagrados en la Constitución Nacional y cuya organización esta dispuesta en la Sección Tercera del texto conspitucional, es único y está previsto en el inc. 4 del art. 99, que, además, establece el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, Inaplicable para estos casos, lo dispuesto por el inc. 9 del mismo artículo”, dice el comunicado.
Es por eso, dicen los senadores del peronismo, que la designación “en comisión” de un juez o jueza de nuestro Tribunal Supremo resulta manifiestamente inconstitucional, y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país. “Atendiendo la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, quienes suscriben la presente acta se comprometen además a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho”, concluye la declaración.
