En la Casa Rosada ahora se quejan de las divisiones internas que tienen los bloques dialoguistas.
Mientras el presidente Javier Milei se entretiene con la agenda internacional, su gabinete concentra la atención en la aprobación de la Ley Bases en el Congreso para llegar al Pacto de Mayo con algo más que sólo una foto entre dirigentes. Con ese norte, el oficialismo decidió no comenzar a tratar el proyecto en comisiones esta semana, como tenían previsto hasta hace algunos días, y optó por posponer el inicio del debate para seguir cerrando acuerdos con todas las partes involucradas.
“Queremos hacer todo bien y llegar al recinto sin errores”, reconoció ante este medio una fuente desde Casa Rosada. La precaución que le imprime el oficialismo a esta nueva etapa de negociaciones tiene como precuela la caída de la primera versión de la Ley Ómnibus que dejó al gobierno al borde de una crisis institucional, un escenario que el sector dialoguista de la gestión libertaria está decidido a esquivar. Para este grupo es necesario llegar con la mayor cantidad de acuerdos cerrados antes de iniciar el debate, por lo que el apuro para iniciar el debate en comisiones ya es cosa del pasado.
A pesar de la prolijidad con la que buscan manejarse, puertas adentro de Casa de Gobierno reconocen que la imposibilidad de contentar a todos los actores -y sus intereses individuales en juego- está siendo un hueso duro de roer. En esta categoría entran los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal (HCF). Las divisiones internas que mantienen los espacios empantanan las negociaciones del oficialismo y complican el armado de un poroteo fino para la discusión en particular dentro de la Cámara.
“El bloque de (Miguel Ángel) Pichetto no tiene una postura única. Mientras él viene acá a negociar, los diputados socialistas y los de la Coalición Cívica nos bajan artículos en particular, así es muy difícil negociar”, expusieron a Tiempo desde el círculo del libertario.
Otra de las trabas es la guerra fría entre Rodrigo de Loredo y Facundo Manes. Mientras el cordobés se dispone como un aliado casi sin condiciones, el neurocientífico se destaca como un fuerte opositor. Estas diferencias volvieron a hacerse carne con el nuevo proyecto de reforma laboral que el ex precandidato a gobernador presentó personalmente al oficialismo la semana pasada en Balcarce 50, al que el bonaerense ya adelantó entre su círculo que no está dispuesto acompañar.
El texto presentado por de Loredo, casi un espejo del original que propuso el gobierno nacional en el DNU 70/2023, busca, entre otros puntos, impulsar la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos. Este ítem, no considerado en ninguno de los otros proyectos, no sólo afecta de manera directa a las cajas sindicales, sino que su aprobación pondría nuevamente en jaque la tensa calma que el gobierno logró con la CGT en su primer encuentro el miércoles pasado.
Como ya se dijo, en el oficialismo buscarán desactivar cualquier conflicto que ponga en riesgo el primer acierto legislativo de la gestión libertaria. Por eso la semana pasada, desde el seno del círculo presidencial entienden que este punto caerá por su propio peso en el debate en comisión. Lo mismo podría ocurrir con la discusión de la vuelta del Impuesto a las Ganancias -ahora Ingresos Personales- que en el oficialismo no descartan debatir “como un proyecto aparte” para evitar cualquier fisura que pueda hacer caer el tratamiento.
Voto a voto
En este marco, Guillermo Francos inició desde temprano un raid que le permitió sumar fotos con cinco gobernadores. El ministro del interior inició el día con una corta reunión con Claudio Vidal, de Santa Cruz. Durante el encuentro, el mandatario petrolero puso sobre la mesa su preocupación ante la posible privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, una de las principales vías económicas de la Patagonia.
El reclamo del santacruceño sigue la línea del primer comunicado lanzado por la liga de gobernadores de las Provincias Unidas del Sur -que nuclea a Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Ignacio Torres (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa); Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro)- quienes le piden al gobierno llegar a un “acuerdo de productividad” para evitar la venta del yacimiento.
La insistencia del patagónico no logró doblegar al ministro y el gobernador volvió a casa sin definiciones concretas sobre esta privatización, ni las modificaciones que el oficialismo busca introducir en el régimen de hidrocarburos que aún generan desconfianza entre los mandatarios sureños.
Tras este encuentro, Francos voló a Santa Fe con la excusa de la jura de Maximiliano Pullaro como presidente pro témpore de la Región Centro, el bloque que la provincia integra junto con Córdoba y Entre Ríos. En el evento, que contó con la presencia de ex gobernadores y dirigentes de la región, Francos volvió a subrayar la postura del gobierno frente al envío de partidas a las provincias. “No esperen nada del Estado por ahora porque no hay plata, pero estamos convencidos de que a partir del segundo semestre con el rebote de la economía vamos a poder conversar de otra manera”, advirtió.
Antes del acto principal, el ministro se reunió en privado con Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Pullaro, quien horas antes del arribo del ex funcionario bonaerense dejó trascender su descontento con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin mayores definiciones, el ministro libertario logró sumar una nueva imagen a su álbum de fotos y la promesa de acompañamiento de los tres mandatarios provinciales.
Horas más tarde, Francos voló a Santiago del Estero para reunirse a solas con el gobernador Gerardo Zamora, dueño de tres cotizadas bancas en el Senado que podrían aceitar la aprobación de la “ley tráfic” en la Cámara Alta. El mandatario santiagueño es uno de los dirigentes más ligados al kirchnerismo y su acompañamiento podría desatar una nueva interna dentro del espacio peronista, que ya cuenta con la baja del tucumano Osvaldo Jaldo.
Las fechas del oficialismo para tratar el proyecto madre son difusas. Sin apuro, el gobierno dibuja un calendario estimativo de debate en comisión para los primeros días de la próxima semana y tratamiento en el recinto para la próxima. A pesar de la dilatación de los tiempos, desde el círculo presidencial entienden que las fechas “cierran” para llegar a la firma del Pacto de Mayo -previsto para el 25 de ese mes- con la ley aprobada.