Como adelantó DIARIO CALCHAQUI desde Casa Rosada este traspaso se dio a través del régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas creado por Nación.
En el marco de la adhesión de Catamarca al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas creado por Nación, el Gobierno de Javier Milei se comprometió a transferir a la provincia casi 600 propiedades nacionales a la Provincia. El total de estas propiedades está valuado en más de 9 mil millones de pesos.
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Como informó el cronista acreditado de DIARIO CALCHAQUI en Casa Rosada, el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas fue creado por la gestión libertaria (mediante decreto 969 de este año) y permite extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones permitiendo de esta manera instrumentar el saneamiento definitivo de las situaciones financieras.
La adhesión de Catamarca se concretó con la firma de un convenio entre el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Economía, Luis Caputo, que se concretó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con el documento firmado entre las partes, se establece que la Provincia al ser acreedora de la Nación, dentro del presente Régimen puede recibir bienes muebles e inmuebles como parte de cancelación de obligaciones recíprocas.
En este sentido, la Provincia manifestó que habiendo realizado un relevamiento de bienes inmuebles de propiedad del Estado Nacional en jurisdicción de la Provincia, existen 587 inmuebles en departamentos catastrados y 62 inmuebles en departamentos no catastrados, con una valuación fiscal total que asciende $9.331.000.000.
Según el documento firmado, la mayoría de los 62 inmuebles no catastrados corresponden al INTA.
El traspaso de estos inmuebles se sumó al compromiso de Nación de otorgar a Catamarca la presidencia de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) y, a su vez, entregar el control total del complejo de Minas Capillitas.
Como informó EL PRIMER DIARIO DE POLITICA DEL NORTE GRANDE desde Balcarce 50 a través de este convenio, el Estado nacional se compromete a realizar las acciones necesarias para posibilitar la transferencia del Minas Capillitas con la totalidad de su personal, funciones, competencias, servicios y bienes materiales e inmateriales, conjuntamente con los contratos en ejecución.
En lo que refiere a YMAD, el Estado nacional se comprometió a renunciar a integrar el directorio de YMAD y que el manejo y la dirección del ente se encuentren a cargo de un Directorio o Consejo formado por cinco miembros encabezado por la provincia de Catamarca. Este directorio estará integrado por tres miembros en representación de la provincia y dos en representación de la Universidad Nacional de Tucumán. El representante que ejercerá la presidencia será nombrado por Catamarca mediante decreto del Poder Ejecutivo.
La firma también incluyó que el Estado Nacional compensará al Estado provincial con la suma de $48.200 millones que serán destinados para concluir obras de infraestructura vial, de agua y saneamiento, vivienda, energía, entre otras, que se ejecutan en el territorio.
Según informó Nación a DIARIO CALCHAQUI , hasta la fecha son 11 jurisdicciones que manifestaron la voluntad de ingresar al Régimen para trabajar en simplificar las deudas y acreencias entre la Nación y las provincias. Entre ellas se encuentran Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tucumán.
«Este acuerdo posibilita además acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas recíprocas y/o créditos entre las partes. En este sentido, la medida resulta importante, debido al número de jurisdicciones que mantienen niveles de endeudamiento que condicionan la situación de equilibrio financiero y, por lo tanto, la sustentabilidad de sus esquemas fiscales», señalaron a este diario especializado en Política desde el Gobierno nacional.
Finalmente, también resaltaron que este régimen permite el desistimiento de causas judiciales en procesos, así como el compromiso de cumplimiento del Estado nacional de convenios firmados durante el 2024 con las provincias.
